Viernes, 09 Febrero 2018 00:00

Fiscalía de la Corte Penal Internacional verificará si hubo crímenes de lesa humanidad en represión de 2017

 
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En Ciudad Guayana hubo cientos de casos que ilustran la bestialidad represiva En Ciudad Guayana hubo cientos de casos que ilustran la bestialidad represiva Foto William Urdaneta

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

La Corte Penal Internacional (CPI) inició un examen preliminar sobre posibles crímenes cometidos en Venezuela en el contexto de las manifestaciones contra la dictadura en el 2017, un paso que saludaron la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

  Lea completa la declaración de la fiscal Bensouda aquí  

“Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención”, señaló en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

“También se informó de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade la fiscal del organismo con sede en La Haya. 

Implicaciones

Este procedimiento no supone la apertura de una investigación oficial, algo sobre lo que la Fiscalía decidirá más adelante. La CPI investiga crímenes de guerra y contra la humanidad y casos de genocidio.

“Saludamos el inicio de un examen preliminar en la @IntlCrimCourt sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en #Venezuela, tal como lo denuncié ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando consigné más de 1.690 pruebas que sustentan el caso”, tuiteó la ex fiscal general venezolana.

Ortega fue destituida en agosto pasado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. El régimen la acusa de traición después de que declarase como ruptura del orden constitucional las dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en marzo de 2017, que despojaron a la legítima Asamblea Nacional de sus atribuciones y que fue la chispa de cuatro meses de protestas que dejaron más de 100 muertos.

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Por su parte, la jefa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (controlada por la oposición y actualmente sin poder real), Delsa Solórzano, dijo que el grupo legislativo también consignará recaudos a la CPI que podrían ampliar las investigaciones sobre Venezuela.

“Seguiremos enviando documentos para que en el marco de la investigación imparcial que realizan, puedan determinar las responsabilidades a que haya lugar”, señaló en Twitter. “Esto traerá consecuencias importantes para el régimen en Venezuela. Este asunto es de mucha gravedad y así deben entenderlo quienes se han prestado para asesinar a venezolanos”, recalcó.

“Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”, escribió por su parte Almagro en su cuenta en la misma red social.

Por iniciativa de Almagro, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) se celebraron en los pasados meses varias audiencias públicas presididas por juristas reconocidos para analizar si existe base para llevar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Tras esas audiencias, los juristas están aún en la fase de redacción del informe.

La CPI aseguró este jueves que colaborará con las autoridades nacionales para discutir y evaluar cualquier averiguación y acusación relevante a nivel nacional. A su vez, confía en contar con la colaboración de las autoridades venezolanas.

Según la fiscal, no hay un plazo determinado de tiempo para el desarrollo de la investigación preliminar. Dependiendo de los hechos y las circunstancias, Bensouda decidirá si abre una investigación oficial y lo somete a revisión judicial, si sigue recabando información o si rechaza la apertura de una investigación.

Además, la Fiscalía considerará todos los puntos de vista y alegatos presentados durante el procedimiento preliminar.

El saldo que se lamenta

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, alertó en septiembre que las autoridades venezolanas podrían haber cometido gravísimos crímenes contra los derechos humanos y la humanidad al reprimir las protestas de la oposición.

Al Hussein exigió entonces una averiguación internacional de las muertes, detenciones arbitrarias y torturas en el marco de los reclamos masivos que su oficina denunció en un informe sobre el país sudamericano.

Las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril de 2017 y dejaron más de un centenar de muertos hasta el 30 de julio. Maduro responsabilizó a la oposición del saldo mortal de las protestas y a la ex fiscal Ortega Díaz -que huyó al extranjero- de apoyar la violencia en las manifestaciones.

Lo que dice Provea

Sobre Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional, el programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) precisa que no se ha iniciado una investigación contra algún funcionario de Venezuela. La Fiscalía analizará si hay motivos para abrir una investigación sobre la base de varios criterios, la Fiscalía de la CPI establecerá si tiene competencia para iniciar una investigación. Determinará entre otros asuntos si se han cometido crímenes de lesa humanidad. Solo sobre estos crímenes puede investigar.

La fase preliminar no tiene plazos establecidos. Puede durar meses o años. Por ejemplo desde 2004 está abierta la fase preliminar en Colombia. En esta fase, no hay investigación contra ningún individuo en particular

Si la Fiscalía de la CPI decide finalmente pasar a la segunda fase que es la de investigación puede empezar a investigar personas, autores materiales o intelectuales presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad. (DPA | Provea | Editado por Marcos Valverde)

 


La dictadura resiente apertura de examen preliminar de la CPI

El Gobierno nacional rechazó la apertura de una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles crímenes cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales en las protestas contra el Gobierno, que dejaron en 2017 más de 100 muertos.

En un comunicado oficial, el Gobierno dijo que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos, tal y como lo consagra la Constitución.

A pesar de ello, el Gobierno comprometió plena contribución a la CPI y ofreció entregar la información relevante para comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional.

El Gobierno recordó que la CPI solo puede conocer aquellos casos en que un Estado se niega a investigar o judicializar una situación competencia de la corte y remarcó que este no es el caso venezolano.

En este sentido, aseguró que el sistema judicial venezolano adelanta los procesos legales correspondientes para llevar justicia a cada una de las personas que vieron vulnerados sus derechos.

“Durante los meses de abril a julio del año 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticos, con la finalidad de derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro”, dice.

El reporte señala que los sucesos de violencia focalizada en menos del 10 por ciento del territorio arrojaron como saldo víctimas fatales, tanto civiles como funcionarios de las fuerzas del orden público, cientos de heridos e importantes daños al patrimonio de la nación y a establecimientos privados.

El Gobierno reprochó la inexistencia de una comunicación oficial por parte de la corte “y que sea a través de la información difundida en un comunicado” que se haga de conocimiento oficial “los infundados alegatos” en contra de sus fuerzas de seguridad.

Además señaló que el examen preliminar es un procedimiento inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal. “Se trata de 'un proceso al estilo de la inquisición', implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados”, dice el comunicado.

La fiscal del organismo internacional con sede en La Haya, Fatou Bensouda, dijo que se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención.

“También se informó de que algunos grupos de manifestantes (los civiles) recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo la fiscal.

 
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